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EL DESMANTELAMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Podemos señalar que todo el proyecto del Gobierno actual proviene de una política que se ha venido implementando desde el inicio de la República: el proyecto de desarrollo continuo, con distintos matices según el momento histórico. En los dos últimos años, se ha potenciado la exportación de productos básicos de la agroindustria.
Podemos resumir esta ofensiva a los pueblos indígenas a través de las políticas de cuatro ministerios en concreto: Medio Ambiente, Agricultura, Salud (que incluye a la Secretaría Especial de Salud Indígena-SESAI) y Justicia (que alberga a la Fundación Nacional del Indio, FUNAI). Son los ministerios clave de una política claramente desarrollista. El abandono del acuerdo de París y el consecuente alejamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio son un claro ejemplo de cómo el desarrollo sostenible no forma parte de la agenda política brasileña. Esta agenda afecta directamente a los pueblos más vulnerables, como los indígenas, los quilombolas y los ribereños.
Estos cuatro ministerios actúan conjuntamente para la deconstrucción de políticas económicas y sociales públicas, que ha supuesto un aumento de incendios en áreas de preservación ambiental, de invasiones de ocupantes ilegales, de extractores de madera y de otros minerales, y un incremento de muertes de líderes de los movimientos de preservación de la selva amazónica y de la población indígena en general.
En palabras de Ricardo Salles, ministro de Medio Ambiente: “Como la atención de los medios de comunicación está en el COVID-19, podemos sacar adelante nuestras normas”.
En colaboración con los ruralistas, Salles es acusado de desmantelar deliberadamente los organismos de fiscalización ambiental para liberar una expansión sin límites del frente agrícola hacia el norte del país. Según el Observatorio del Clima, entre enero y agosto, el ministro apenas destinó 105 mil reales (R$) en la política ambiental, es decir, un 0.4% del presupuesto para iniciativas relacionadas con el cambio climático, la protección de la biodiversidad y mejora de la calidad ambiental urbana.
Con un gasto tan exiguo y la reducción en las inspecciones ambientales se vaticina un desastre medioambiental. Según el Instituto Socioambiental: el 2020 ha sido el peor año para las Tierras Indígenas y las Unidades de Conservación desde 2008. Se han destruido 188 mil hectáreas de bosques en estos territorios, es decir, una extensión más grande que la ciudad de São Paulo, solo superada por las casi 200 mil hectáreas registradas en 2019. Además, representan un 90% más que el promedio entre 2009 y 2018.
(Adaptado de: https://www.iwgia.org/es/brasil/4121-mi-2021-brasil.html Acceso en 05/09/2022.)
En el fragmento “[…] es acusado de desmantelar deliberadamente los organismos de fiscalización ambiental para liberar una expansión sin límites del frente agrícola hacia el norte del país.
Según el Observatorio del Clima, entre enero y agosto, el ministro apenas destinó 105 mil reales (R$) en la política ambiental, es decir, un 0.4% del presupuesto para iniciativas relacionadas con el cambio climático, la protección de la biodiversidad y mejora de la calidad ambiental urbana”, se puede decir que las palabras subrayadas son, receptivamente: